Mario Romero.- En 2022, un usuario británico presentó una demanda contra Apple en nombre de casi 25 millones de dueños de un iPhone en el Reino Unido.
En la demanda se afirma, al igual que la demanda que se llevó a cabo en Chile, que Apple supuestamente usó baterías defectuosas en el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus, causando problemas de batería incluso a aquellos que tenían iPhones nuevos.
Además, la demanda también dice que Apple entregó intencionalmente actualizaciones de software que ocultaban estas baterías y “estrangulaban” los iPhones.
Gutmann, en representación de otros usuarios de iPhone del Reino Unido afectados por este problema, quiere que Apple pague aproximadamente US$2.000 millones más intereses, a las personas afectadas por este problema (dividir ese monto en 25 millones).
Como es de esperar, Apple presentó una solicitud ante el Tribunal de Apelación de Competencia (CAT) del Reino Unido para poner fin a la demanda, pero su apelación no tuvo éxito y se dictaminó que la demanda aún puede continuar.
Un portavoz de la compañía citado por Reuters señaló
«Las afirmaciones de la demanda no son ciertas.. pues nunca hemos hecho (y nunca haríamos) nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto Apple o degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes»
Esta es una de las demandas más importantes de Apple hasta el momento, pero tendremos que esperar y ver si el caso realmente llega a un juicio final. Aún no está claro nada, pero esto podría sentar un precedente que obligará a Apple y otras grandes empresas tecnológicas a brindar un mejor servicio para todos sus dispositivos.
El historial de Apple en este tema no se detiene, pues a la demanda actual, hay que sumar una multa de 5 millones de euros en Italia, más una multa aún mayor de 25 millones de euros en Francia.
Además Apple pagó US$113 millones en acuerdos de demandas por fraude al consumidor a 34 empresas estadounidenses. estados y el Distrito de Columbia y US$2 millones en una demanda colectiva en Chile.
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