Mario Romero.- La App Store de Apple, el navegador Safari y el sistema operativo iOS han sido designados formalmente como un riego en la Unión Europea, una clasificación oficial que requiere el cumplimiento de nuevas y estrictas regulaciones.
La Ley de Mercados Digitales (Digital Market Act) de la UE busca limitar el poder de las principales empresas tecnológicas y las plataformas designadas como «guardianes» ahora enfrentarán la prohibición de favorecer sus propios servicios sobre los de sus rivales.
También se impedirá que estas plataformas combinen datos personales entre diferentes servicios y deberán permitir a los usuarios la opción de descargar aplicaciones desde plataformas alternativas.
En un comunicado, Apple dijo señaló al medio Bloomberg que siguen muy preocupados por los riesgos de privacidad y seguridad de los datos que la DMA representa para nuestros usuarios.
Margrethe Vestager, la jefa antimonopolio de la UE dejará su cargo para postular a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Si bien la App Store de Apple, Safari e iOS han sido clasificados oficialmente como guardianes, iMessage actualmente permanece exento de la lista.
Apple ha declarado recientemente que la base de usuarios de su servicio iMessage en Europa puede no ser lo suficientemente grande como para justificar su inclusión bajo las regulaciones de la DMA.
Además de Apple, la Comisión Europea también ha incluido servicios de otras empresas tecnológicas, entre ellas Google Search de Alphabet, el mercado de Amazon y TikTok de Bytedance, lo que eleva el total a 22 servicios que ahora caen bajo las disposiciones de DMA.
Para ser clasificada como «guardián» según la DMA, una empresa debe cumplir ciertos criterios, incluido tener ventas en toda la UE de al menos US$8.500 millones o una capitalización de mercado de US$83.000 millones o más.
La designación también requiere que las plataformas o servicios tengan más de 45 millones de usuarios activos mensuales y más de 10.000 usuarios comerciales activos anualmente dentro de la UE.
Las empresas que no cumplan con las nuevas regulaciones corren el riesgo de enfrentar investigaciones de la UE, multas sustanciales y la imposición de «soluciones estructurales o de comportamiento». Las multas pueden ascender al 10 por ciento de la facturación global de una empresa, con una multa del 20 por ciento en caso de reincidencia.
